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María Eugenia Brandy
La división político-territorial de Venezuela actualmente se basa en estados, municipios y dependencias federales, con la reforma constitucional se pretende crear nuevos territorios, extensiones marítimas, municipios federales, distritos insulares, ciudades comunales, provincias federales, distritos funcionales, y regiones especiales militares. De aprobarse esta reforma, los analistas se preguntan ¿quiénes serían las autoridades de estos nuevos territorios?
Actualmente los gobernadores de cada estado y los alcaldes de cada municipio del país son escogidos a través de los votos de los venezolanos, con la reforma —las nuevas figuras territoriales— que convivirán con las existentes, serán designados por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, es decir, “con la reforma pasaríamos de tener tres autoridades electas a través del voto directo a una decena de autoridades designadas por el Ejecutivo nacional”, resaltan los expertos en el tema.
En el programa “De rojo a azul” transmitido en Globovisión, se destacó que en la reforma de la Carta Magna se habla de “democracia directa“ de “más poder para el pueblo”. En este sentido, el artículo 16 de la reforma establece “la creación de ciudades comunas y comunidades como parte de la división territorial de Venezuela”, asimismo se señala que en ellos los ciudadanos comunes tendrán el poder para construir su propia geografía e historia, “pero qué mecanismo utilizará el Estado para que la gente construya formas de autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa”.
Por otro lado, el artículo 184 de dicha reforma constitucional, habla de una Ley nacional que creará mecanismos para que el Poder Nacional, los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades organizadas, a los consejos comunales, a la comunas, y otros entes del Poder Popular, los servicios que estos gestionen. Cuáles son esos servicios: vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos; además se transferiría la administración y control de los servicios estadales y municipales, con fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión pública. “Es decir la comunidad sería responsable de sus servicios: aseo, acera, seguridad, entre otros”.
Con la reforma, las alcaldías y gobernaciones, traspasarían prácticamente toda su competencia a las organizaciones comunales, por ejemplo, “si existiera una falla en la recolección de basura de la comunidad, la culpa ya no sería del alcalde, sería de los miembros de la comunidad. Si una escuela se inunda y deja de funcionar, ya la culpa no sería del gobernador, sino de la comunidad. Es así como se diluirían las responsabilidades y a la hora de protestar, a qué institución acudirían los ciudadanos”.
VOLUNTAD
PRESIDENCIAL
En el programa “De rojo a azul” se resaltó que “se habla de más para al pueblo. Pero el poder popular depende del poder nacional en cabeza del presidente de la República”. Por ejemplo, los consejos comunales para actuar, para tener personalidad jurídica, deben estar inscritos en la Comisión Local Presidencial del Poder Popular; para tener financiamiento deben acudir también al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Finanzas es quien otorga los recursos para los consejos comunales. “Si la reforma se aprueba, prácticamente todos los recursos llegarán sólo si el Poder Ejecutivo los otorga, de igual forma éste es quien decide qué consejos comunales existen, qué proyectos realizarán y con qué recursos contarán”.
Qué pasará con los miles de trabajadores de las instituciones regionales, al transferir casi todas las competencias de las gobernaciones y alcaldías hacia las comunidades. “Están capacitadas dichas comunidades para ofrecer tantas responsabilidades. Si no logran llevar la carga a quién se sancionará, a quién acudirán para obtener solución, los reclamos sólo se harán ante el Poder Ejecutivo y quien viva a kilómetros de la capital, qué institución le responderá, a quién acudirá para denunciar. Entonces se afirma que es más poder para el pueblo, pero es más poder para el pueblo o para el Ejecutivo nacional, ya que todo estará más subordinado a la voluntad presidencial. Si bien es cierto que dentro de la reforma se consideran cambios que le dan mayor participación a las comunidades, también es notorio la tendencia de concentrar poder en una persona, el Estado paternalista que todo lo puede y todo lo da, pareciera ser el modelo a implantar”, así refieren los analistas.
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